La Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos es la unidad orgánica de la SUTRAN encargada de fiscalizar a las entidades que brindan Servicios Complementarios, previamente autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, bajo el marco legal del Decreto Supremo 025-2008.MTC/15. Estas entidades fiscalizadas a través de informes de gabinete (muestreo aleatorio) son: Centros de Inspección Técnico Vehicular, Certificadoras GNV, Certificadoras GLP, Certificadoras de Conformidad y Montaje, Centros de Revisión Periódica de Cilindros, entre otros. En la base adjunta se muestra el resultado de las fiscalizaciones de gabinetes realizadas a estas entidades de manera trimestral, entendiéndose como GABINETES CONFORMES aquellos en los que no se encontró indicios de presuntas infracciones y GABINETES NO CONFORMES aquellos en los que se encontró presunta comisión de infracción (es) por parte de las entidades.

Este tipo de requerimientos de información (muestreo aleatorio) se aplicó en esta Subgerencia desde finales del año 2020 como una propuesta de fiscalización a usarse próximamente. Propuesta que en el 2021 pasó a formar parte del Plan Anual de Prevención, Fiscalización, Seguimiento y Evaluación de la SUTRAN 2021.

La fiscalización de gabinete de este tipo, consiste en realizar requerimientos de información a todos los administrados que brindan el servicio a los vehículos que circulan al interior de nuestro país; entre los cuales se tiene la solicitud de una cantidad representativa de expedientes de los certificados emitidos por las diversas entidades, a fin de verificar, entre otras, el cumplimiento del sistema nacional de inspecciones técnicas vehiculares y otras normas vigentes relacionadas a los servicios que brinda cada entidad autorizada. La importancia de este tipo de fiscalización es coadyuvar a que el sistema nacional de inspecciones técnicas vehiculares contenga las condiciones mínimas requeridas a los vehículos y de esa forma cooperar en la mejora del funcionamiento del tránsito y la protección de la vida y seguridad de las personas, lo cual responde al interés público del Estado, en el que debe primar el respeto absoluto al ordenamiento legal, el cumplimiento de las obligaciones por parte de los agentes que intervienen en el proceso de otorgamiento de los certificados emitidos a fin de que el parque automotor cuente con las condiciones mínimas para circular de manera segura por todas las vías de nuestro país.